En los casos cuando todo lo decide quien sufraga el costo del viaje, resulta fácil imaginar cuál de los dos lados es el que verdaderamente toma el control de la actividad: ese punto de vista materialista favorece a aquellos espeleólogos provenientes de las economías más fuertes, y en la misma medida relega a experimentados espeleólogos locales, aunque trabajen en sus propios países.

Por nuestra parte, consideramos que el aporte financiero de una labor transnacional es un argumento que debe ser considerado como parcialmente válido, pero ello no debiera constituir el único criterio a tomar en cuenta. Todavía subyace aquella actitud decimonónica en la que los ambientalistas pudientes virtualmente compraban los descubrimientos en el neotrópico.

En ciertas oportunidades la fortaleza económica de una de las partes ha inducido a una paradójica inversión de los papeles: los visitantes llegan a un país y son ellos los que �invitan� a los nacionales. ¿No va contra la lógica que los anfitriones vengan de fuera? Esto crea cierta relación incómoda frente a los exploradores del país visitado, que eventualmente no disponen de tantos recursos, y con el tiempo ello puede ocasionar la acumulación de mayores inconformidades. Obviamente esas diferencias no se mitigarán con el simple consuelo de contemplar, desde lejos, el avance de la ciencia.

En ese contexto el rol espeleológico de algunos países latinoamericanos ha sido pasivo, precisamente cuando más necesitan compartir experiencias para impulsar sus incipientes agrupaciones nacionales. Es el caso de varios países centroamericanos que tienen una institucionalidad espeleológica aún débil. En esas naciones económicamente pobres ha sido más fácil imponer condiciones ideadas fuera de la región, amparándose en las carencias materiales y en el escaso dominio técnico que adolecen algunos grupos emergentes. Pero aun en estos casos de desventaja la coparticipación sigue siendo justa y necesaria, tomando en cuenta los principios altruistas de la ciencia, pero sin derivar en el paternalismo ni fomentar una prolongada dependencia interinstitucional.

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